Ajornament pagament impost CO2

Us informem que s’ha publicat el Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.

Aquest Decret llei modifica la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, i la Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Entre les mesures aprovades destaca l’ajornament del període de pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i l’establiment d’un nou calendari de publicació del padró provisional i definitiu de l’impost.

El Govern considera que els efectes de la crisi de la Covid-19 fan necessari, d’una banda, ajornar la publicació dels padrons provisionals i definitius d’aquest tribut, amb la informació de l’import que haurà de liquidar cada contribuent corresponent als exercicis meritats el 2019 i el 2020; i, de l’altra, ajornar els terminis de recaptació i liquidació de l’impost previstos per a aquests dos anys. 

Així, d’acord amb el nou calendari, el padró provisional que s’havia de publicar aquest proper mes de maig, corresponent a l’exercici ja meritat del 2019 i que afecta turismes i furgonetes, s’exposarà de l’1 al 15 de novembre del 2020; i el padró definitiu s’exposarà de l’1 al 15 de març del 2021, ambdós a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. 

Pel que fa a l’exercici 2020 (que es merita el 31 de desembre d’enguany), que ja inclourà les motocicletes, els terminis es fixen de l’1 al 15 d’octubre del 2021 per al padró provisional, i de l’1 al 15 de febrer del 2022 per al definitiu. 

Consegüentment, aquestes modificacions de les dates de publicació dels padrons comportaran també canvis en el període de liquidació i recaptació de l’impost. En aquest sentit, les quantitats meritades en data 31 de desembre del 2019, que, en el cas de turismes i furgonetes, s’havien d’abonar a partir de l’1 de novembre d’aquest any, es liquidaran un cop notificat el padró definitiu, a partir del mes de maig del 2021. 

Quant a l’exercici 2020, que meritarà en data 31 de desembre d’enguany, en què ja s’inclouen les motocicletes, el termini d’ingrés en període voluntari es fixa de l’1 al 20 d’abril del 2022.

Campaña Renta 2019 y declaraciones 1T 2020

Apreciados clientes,

Les comunicamos que, por ahora se  mantienen los plazos para presentar los impuestos, por este motivo el próximo día 20 de Abril de 2020, finaliza el plazo para la presentación de las declaraciones correspondiente al primer  trimestre de 2020, relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido, Pago Fraccionado a  cuenta  del Impuesto sobre la Renta, y Retención por alquileres de locales y negocios.

Les comunicamos también que a partir del 1 de abril se inicia la campaña sobre la renta. 

Quedamos a su entera disposición. 

Circular sobre las medidas adicionales aprobadas por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Tras la declaración del Estado de Alarma, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno ha aprobado el primer paquete de medidas tendentes a asegurar y proteger diversos aspectos de la economía española.

Se trata de un Real Decreto que tiene por objeto abarcar las consecuencias directas del coronavirus y que expone las inversiones destinadas a paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Este Real Decreto entró en vigor el 18 de marzo de 2020 y continuará vigente hasta el 18 de abril de 2020, sin perjuicio de que previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración.

GESTORIA GUASCH, SLP., describe los aspectos más relevantes del nuevo Real Decreto, remarcando, de nuevo, que este documento contiene información sobre un asunto excepcional, por lo que quedará sujeto a los futuros acuerdos y modificaciones que se vayan sucediendo para hacer frente a esta crisis.

Se detallan a continuación aquellas medidas decretadas por el Gobierno.

I. MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES, FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES.

  1. Promoción y financiación de servicios sociales de las Administraciones

El Gobierno ha autorizado el uso del Fondo de Contingencia, en virtud de la propia normativa de esta partida presupuestaria. En este sentido, el suplemento de crédito servirá para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o Corporaciones Locales, consecuencia directa de las situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19.

Por otro lado, se crea un Fondo Social Extraordinario, el cual se distribuirá entre todas las Comunidades Autónomas.

En relación al superávit presupuestario de los Entes Locales correspondiente al año 2019, se podrá destinar a financiar los gastos de inversión correspondientes a los “Servicios Sociales y promoción social”, sujetándose a las restricciones legales y siendo objeto de seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.

2. Moratoria hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual

La moratoria hipotecaria, únicamente para la adquisición de vivienda habitual, se articula alrededor de la situación de vulnerabilidad económica, un elemento que debe apreciarse en aquellos que quieran beneficiarse de tal medida, incluidos los deudores, fiadores y avalistas del deudor principal. En este sentido, los artículos 9 y 11 del Real Decreto establecen aquellos supuestos que expresarían la vulnerabilidad, además de la acreditación de las condiciones subjetivas. Las situaciones de vulnerabilidad son las siguientes:  

  • Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo, acreditado mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones. En caso de cese de actividad por trabajadores por cuenta propia deberán acreditarlo mediante el certificado expedido por la AEAT, o el correspondiente órgano de la Comunidad Autónoma, en base a la declaración por cese de actividad presentada.
  • Que el deudor, empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos, o una caída sustancial de sus ventas (al menos del 40%).
  • Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere, en relación con el mes anterior, el límite de tres veces el Indicador Púbico de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En este sentido, se establecen medidas correctoras del límite en relación con los hijos, mayores de 65 años o discapacitados integrantes de la unidad familiar o a cargo de esta.
  • Que la cuota hipotecaria, junto con los gastos y suministros básicos, sea superior al 35% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar.
  • Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria que represente sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos 1,3.

Además, debe adjuntarse la documentación acreditativa del número de personas que habitan la vivienda, grados de discapacidad, en su caso, y titularidad de los bienes. Por último, debe presentarse una declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

En cuanto a los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores enmarcados en los supuestos de vulnerabilidad, estos podrán exigir que la entidad, antes de reclamarles la deuda garantizada, agote el patrimonio del deudor principal. En este sentido, podrán solicitarlo aunque hubieran renunciado expresamente en el contrato al beneficio de excusión.

La tramitación de la moratoria se iniciará con una solicitud al acreedor, la cual podrá realizarse desde el día siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto hasta quince días después del fin de su vigencia. Una vez solicitada, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días, comunicando al Banco de España su existencia y duración. La concesión de la moratoria implica la suspensión de la deuda hipotecaria (cuota, amortización de capital o pago de intereses) durante el plazo estipulado, la inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado, y el no devengo de intereses, incluyendo los moratorios.

Finalmente, el Real Decreto establece un régimen de responsabilidad por daños y perjuicios para aquellos que se hayan beneficiado de la moratoria sin reunir los requisitos, o aquellos que busquen deliberadamente situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad.

3.Garantías en la prestación y mantenimiento de suministros y servicios

Los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender los suministros a los consumidores con condición vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social según el Real Decreto 897/2017. Además, se prorroga el bono social de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020.

Por otro lado, se suspenden determinados artículos relativos a los sistemas de actualización de precios regulados, estando vigentes los precios máximos establecidos en las Resoluciones de 14 de enero de 2020 y 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El Gobierno garantiza que las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas y telecomunicaciones mantendrán la prestación de sus servicios contratados, no pudiendo suspenderlos ni interrumpirlos, salvo motivos de integridad y seguridad. Por otro lado, se prohíbe a estos proveedores que realicen campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios que requieran la portabilidad de la numeración, puesto que podría incrementarse la necesidad de los clientes de desplazarse físicamente a sus establecimientos, o la intervención física en los domicilios por sus empleados. En el mismo sentido, se suspenden todas las operaciones de portabilidad que no estén en curso, salvo fuerza mayor.

4. Interrupción del plazo para devolver productos comprados presencialmente u on-line. Se suspenden los plazos de devolución de las compras hasta la pérdida de vigencia del Real Decreto.

5.Otras disposiciones. Se prorroga durante un año la vigencia del Documento Nacional de Identidad.

II.MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y DE LIQUIDEZ PARA LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LOS TRABAJADORES.

En el ámbito laboral, el Real Decreto-ley 8/2020 adopta en su Capítulo I, medidas de apoyo a los trabajadores y en su Capítulo III medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. A continuación se informa de las principales medidas de carácter laboral aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020.

  1. Trabajo a distancia.

El Real Decreto-ley apuesta por el trabajo a distancia y anuncia en su exposición de motivos que se pondrá en marcha un programa de financiación del material correspondiente mediante la activación de ayudas y créditos para PYMEs dentro del programa ACELERA PYME de la empresa pública RED.ES.

En concreto, en su artículo 5 se establece el carácter preferente del trabajo a distancia, instando a las empresas a establecer sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Además, para facilitar el trabajo a distancia, con carácter excepcional, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

Lo que dispone el artículo al respecto es que la empresa debe adoptar estas medidas en los casos en los que sea técnica y razonablemente posible y el esfuerzo de adaptación no resulte desproporcionado.

No obstante, no debemos de olvidar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, con su correspondiente régimen sancionador.

Se trata de una situación extraordinaria, sin que actualmente sea posible prever en qué casos podría ser de aplicación el régimen sancionador de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que se trata de una situación sin precedentes.

2.Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

En el artículo se aclara que se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales en los siguientes casos:

  • Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de un miembro familiar que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19.
  • Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.
  • Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable, citándose como ejemplos en el nuevo Real Decreto-ley los siguientes supuestos: Cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo (por ejemplo la prestación de trabajo a distancia).

Igualmente, las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6 ET (por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad), cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional de su salario.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario.

3. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Se agiliza la suspensión de contratos y reducción de jornada tanto por causa de fuerza mayor como por causa económica, técnica, organizativa y de producción.

4.Suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor: Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

El Real Decreto-Ley 8/2020 contempla las siguientes circunstancias:

– Cierre temporal de locales de afluencia pública,

– Restricciones en el transporte público y de la movilidad de las personas y/o las mercancías, – Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. 

– Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria. La fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

Con el fin de agilizar estos procedimientos se decretan las siguientes particularidades para el procedimiento de suspensión o reducción de jornada por fuerza mayor:

– El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, al que se acompañará un informe relativo a la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19.

– La empresa tendrá que enviar una comunicación a las personas trabajadoras y a la representación de estas.

– La autoridad laboral dictará en el plazo de cinco días, desde la solicitud, una resolución por la que se constatará la existencia de la fuerza mayor.

– Le corresponde a la empresa la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada.

– Las medidas surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

– En los casos en los que la autoridad laboral lo considere procedente, se emitirá informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá emitirse en el plazo improrrogable de cinco días.

No obstante, de conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2020, no se aplicarán estas especialidades a los expedientes iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 y basados en las causas previstas en el mismo. Esta medida estará vigente mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

5.Suspensión de contratos y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción relacionadas con el COVID-19:

Para los casos que no puedan considerarse de fuerza mayor, el Decreto 8/2020 introduce ciertas particularidades en orden a agilizar la tramitación de estos otros procedimientos, cuando sean relacionados con el COVID-19. Estas particularidades serían:

  • Modificaciones en la comisión representativa para la negociación del periodo de consultas, que deberá estar constituida en el plazo de 5 días.
  • La reducción del período de consultas a un máximo de 7 días. o La reducción del período de emisión del informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a un máximo de 7 días. Las particularidades introducidas a este procedimiento estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

 

6. Medidas extraordinarias en materia de cotización.

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada, autorizados en base a fuerza mayor temporal, la Tesorería General de la Seguridad Social aplicará las siguientes medidas de exoneración y reducción en materia de cotización:

  • En los casos en los que la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, se exonera a la empresa, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado: (i) del abono de la aportación empresarial; (ii) y del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
  • Cuando la empresa tuviera, a 29 de febrero de 2020, 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. Esta medida estará vigente mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

Esta medida se aplicará a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19, todo ello, de conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2020.

7.Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a a la prórroga del subsidio por desempleo.

 En los supuestos de suspensión de contratos o de reducción temporal de la jornada de trabajo, con base en las circunstancias extraordinarias anteriormente expuestas, se adoptan las siguientes medidas:

 Se reconocerá el derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque el trabajador carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

  • No se computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Esta medida se aplicará a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19. H. Salvaguarda de empleo.

En la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, se dispone que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

III. MEDIDAS DE GARANTÍA DE LIQUIDEZ PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTE LAS DIFICULTADES TRANSITORIAS CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN.

Las medidas adoptas por el Real Decreto-ley 8/2020 con el fin de afrontar los problemas de liquidez y asegurar la continuidad de la actividad económica de las empresas y autónomos, especialmente afectados por la crisis ocasionada por el COVID-19, son las siguientes:

–  Se aprueba una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

– A tal efecto, el Gobierno otorgará avales, por un importe máximo de 100.000 millones de euros, a la financiación concedida por entidades y establecimientos financieros de crédito a empresas y autónomos para atender a sus necesidades de liquidez.

– Las condiciones, requisitos y plazo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros. o Se amplía el límite de endeudamiento neto para el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 10.000 millones de euros en la Ley de Presupuestos del Estado, para facilitar liquidez adicional a las empresas y autónomos a través de las Líneas ICO de financiación ya existentes.

– Con el fin de reforzar la liquidez de las empresas exportadoras, se aprueba una Línea extraordinaria de cobertura aseguradora con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización de hasta 2.000 millones de euros, y durante un plazo de 6 meses, en las que concurran las siguientes circunstancias:

▪ Que sean empresas en las que durante el último ejercicio social el negocio internacional, haya representado al menos un tercio (33 %) de su cifra de negocios, o

▪ Empresas que hayan exportado regularmente durante los últimos cuatro años conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de Estado de Comercio. Quedan expresamente excluidas de esta medida: (i) las empresas cotizadas, (ii) las sociedades en situación concursal o pre-concursal, (iii) las empresas con incidencias de impago con empresas del Sector Público o Administración registradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

IV.MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Con el fin de evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA o la Administración local para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de contratos del sector público vigentes a la entrada en vigor del Real-Decreto Ley 8/2020, se prevé un régimen específico de suspensión de estos, así como la aplicación de determinadas medidas.

Cabe indicar que la aplicación de las medidas que seguidamente se detallan, quedaran en todo caso condicionadas a su aprobación por parte del órgano de contratación siempre que aprecie la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación creada por el COVID-19.

  1. Contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva.

Con relación a los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, se acuerda la suspensión automática de estos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A tal efecto, el contratista deberá presentar ante el órgano de contratación una petición de suspensión exponiendo: las razones que impiden la ejecución del contrato; el personal, maquinaria e instalaciones adscritos al contrato, así como la justificación de no poder destinar tales medios a otro contrato.

Además, el Real Decreto-ley 8/2020 prevé que el contratista podrá ser indemnizado por parte de la entidad adjudicadora por los daños y perjuicios sufridos durante el período de suspensión de la contrata, sobre: (i) Los gastos salariales abonados al personal adscrito al contrato a fecha 14 de marzo de 2020 (ii) Los gastos incurridos por mantenimiento de la garantía definitiva (iii) Las gastos de alquileres o costes de mantenimiento de instalaciones afectos a la contrata (iv) Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vigentes en el momento de la suspensión.

Por último, los referidos contratos públicos podrán ser prorrogados cuando a la fecha de su vencimiento no se hubiera formalizado el nuevo contrato como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación a raíz de las medidas implantadas por el COVID-19.

2.Contratos públicos de servicios y de suministro diferentes a los previstos en el apartado anterior.

Con respecto a los contratos públicos de servicios y de suministro diferentes a los previstos en el apartado anterior, el Real Decreto-ley 8/2020, establece que el órgano de contratación podrá otorgar al contratista que se demore en el cumplimento de sus obligaciones como consecuencia del COVID-19, una ampliación de dichos plazos.

3. Contratos públicos de obras.

En los contratos públicos de obras, el contratista podrá igualmente solicitar al órgano de contratación la suspensión del contrato siguiendo el mismo criterio y procedimiento previsto para los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva explicado supra. Sin embargo, a efectos de reconocer el derecho a indemnización a favor del contratista en los contratos de obra, el Real Decreto-ley 8/2020 exige además a estos estar al corriente del cumplimiento las obligaciones laborales y sociales, de pago a subcontratistas y suministradores a fecha 14 de marzo de 2020.

4.Contratos públicos de concesión de obras y servicios.

En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios, se reconoce el derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

5.Exclusión. El Real Decreto-ley 8/2020, excluye del ámbito de aplicación de las referidas medidas, los siguientes contratos públicos: a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos. c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte. d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

V. MEDIDAS FINANCIERAS DIRIGIDAS A LOS TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS QUE HAYAN SUSCRITO PRÉSTAMOS COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE SEQUÍA DE 2017.

En relación, el Real Decreto-ley 8/2020 facilita a los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017 (ex. órdenes AAA/778/2016, de 19 de mayo (convocatoria de 2017), Orden APM/728/2017, de 31 de julio y Orden APM/358/2018, de 2 de abril), que voluntariamente puedan acordar junto con las entidades financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos.

VI.MEDIDAS TRIBUTARIAS

  1. Atribución de competencias para el despacho aduanero El titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT podrá acordar que el procedimiento de declaración y el despacho aduanero que aquel incluye sea realizado por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
  2. Suspensión de plazos en el ámbito tributario: Se acuerdan las siguientes medidas de suspensión en el ámbito tributario:

– Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de los siguientes plazos en el ámbito tributario:

▪ Plazos para el pago en periodo voluntario y en periodo ejecutivo resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración.

▪ Vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedido.

▪ Plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicaciones de bienes.

▪ Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria.

▪ Plazos para formular alegaciones ante los actos de apertura de los trámites anteriores o de audiencia, dictados en el marco de procedimientos de aplicación de los tributos, procedimientos sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación que no hayan concluido a fecha de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, es decir, que no hayan concluido a fecha 18 de marzo de 2020.

▪ Asimismo, en el seno del procedimiento de apremio no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley hasta el día 30 de abril de 2020.

  • Ampliación hasta el 20 de mayo de 2020 de los plazos anteriormente descritos, en relación con aquellos procedimientos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor. 1 Dichos plazos se encuentran regulados en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria.
  • De atenderse el requerimiento o solicitud de información con transcendencia tributaria o de presentarse alegaciones durante la vigencia de dichas medidas sin hacer expresa reserva del derecho a la ampliación de dichos plazos, se considerará evacuado el trámite.
  • Lo anteriormente expuesto se entenderá sin perjuicio de las especialidades previstas en la normativa aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y atender requerimientos. o Duración máxima del procedimiento: El periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley) y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT.

No obstante lo anterior, la Administración podrá impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles durante dicho periodo de tiempo. o Prescripción o caducidad: El periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de prescripción o caducidad.

  • A efectos del cómputo del plazo de prescripción en el recurso de reposición y procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que pongan fin a los mismos cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril del mismo año. Los plazos para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta el 30 de abril de 2020 o hasta que se haya producido su notificación, si esta fuera posterior.
  • 3.Suspensión de plazos en el ámbito catastral:

Se acuerdan las siguientes medidas de suspensión en el ámbito catastral: o Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de los plazos para atender requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.

  • Ampliación hasta el 20 de mayo de 2020 de los plazos anteriormente descritos, en relación con aquellos procedimientos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor. o De atenderse el requerimiento o solicitud de información con transcendencia tributaria o de presentarse alegaciones durante la vigencia de dichas medidas sin hacer expresa reserva del derecho a la ampliación de dichos plazos, se considerará evacuado el trámite.
  • El periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de duración de los procedimientos iniciados de oficio. Lo dispuesto en los apartados B y C será de aplicación a procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 18 de marzo de 2020.
  • 4.Excepción ITPAJD para novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios

Se exceptúan del pago de la cuota gradual de los documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID.19.

5.Plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones:

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto que declara el estado de alarma no serán de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

VII. MEDIDAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DEL COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020 adopta en su Capítulo IV, medidas de laborales excepcionales y de apoyo financiero para las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

  1. Medidas laborales excepcionales en el ámbito de las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando hayan de desarrollar medidas excepcionales en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, podrán establecer jornadas laborales extraordinarias para sus trabajadores, que se compensarán económicamente a través del complemento de productividad o gratificaciones extraordinarias.

Se autoriza a dichas entidades a realizar contratos indefinidos y temporales de acuerdo con la normativa vigente para la ejecución de planes y programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación relacionados con el coronavirus COVID-19, debiendo los contratos indefinidos ser financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista.

Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación en relación con la investigación científica en el ámbito del Coronavirus COVID-19. Se autoriza la concesión de tres créditos extraordinarios al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para:

– Necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus COVID-19, por importe de 950.000 euros. o Subvenciones de concesión directa para proyectos y programas de investigación del coronavirus COVID-19, por importe de 24.000.000 de euros.

– Necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus COVID-19, por importe de 250.000 euros. Se autoriza la concesión de dos créditos extraordinarios al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para:

– Gastos corrientes relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19, por importe de 390.000 euros. o Gastos de capital relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19, por importe de 4.060.000 euros. La financiación de créditos extraordinarios se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. Reglas relativas a las aportaciones dinerarias efectuadas por el Instituto de Salud Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la investigación científica y técnica derivada de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.

Queda establecido que Dichas aportaciones quedan excluidas de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se efectuarán por resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III y de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, debiendo motivarse la utilidad pública o el interés social concurrente para la concesión de las correspondientes ayudas.

Dichas ayudas concedidas serán objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Los pagos tendrán carácter de anticipados, con carácter previo a la realización y justificación de la actividad que motive la concesión. Las entidades beneficiarias podrán subcontratar total o parcialmente la actividad a efectos de alcanzar el cumplimiento de los objetivos que motivaron la misma, previa autorización de las entidades concedentes.

Deberán rendir cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto en el plazo máximo de un año desde su concesión, pudiendo ser prorrogado. En caso de que la entidad beneficiaria incurra un uno de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre se deberán reintegrar de las cantidades percibidas. Las entidades concedentes podrán efectuar cuantas labores de comprobación y control financiero resulten precisas para garantizar el adecuado cumplimiento de lo previsto en este artículo.

Las personas titulares de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III y de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas podrán dictar cuantas disposiciones resulten precisas para dar lugar al desarrollo y ejecución.

VIII. OTRAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN QUE AFECTAN A LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

Por los artículos 39 a 43 se establecen otras medidas de flexibilización que afectan a las sociedades mercantiles: A. Suscripción convenios con Administraciones Públicas. Para la suscripción de convenios con Administraciones Públicas, se exime de la obligación de aportar la documentación establecida en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los convenios quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la referida ley, por el que se establece la perfección y eficacia de los mismos.

  1. Convocatorias y celebraciones de juntas generales: o Aunque en los estatutos no esté previsto, las asociaciones, sociedades civiles o mercantiles, cooperativas, fundaciones y comisiones, podrán celebrar sus sesiones de órganos de gobierno y administración por videoconferencia, siempre que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido. En estos casos, la sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de la entidad.

– Las asociaciones, sociedades civiles o mercantiles, cooperativas, fundaciones y comisiones, aunque en los estatutos no esté previsto, podrán adoptar sus acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión, previa decisión del presidente y siempre que lo soliciten, al menos, dos miembros del órgano. En estos casos, la sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de la entidad. o La junta general que deba aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior, se reunirá dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para su formulación, atendiendo a la suspensión prevista en este real decreto ley.

– Si la celebración de la junta estuviere prevista durante el estado de alarma, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora o revocar el acuerdo de convocatoria. Si la sociedad tuviere página web, deberá hacerlo por esa vía con una antelación mínima de 48 horas. Si la sociedad no la tuviere, deberá publicarse en el BOE. En caso de revocación, el órgano de administración deberá realizar una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

– En caso de que para la celebración de la junta se hubiera requerido la presencia de un notario, éste podrá utilizar medios telemáticos que garanticen su función.

2.DERECHOS DE LOS SOCIOS: o Los socios no podrán ejercitar su derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma o sus prórrogas, aun cuando concurra causa legal o estatutaria.

– Los socios cooperativos que causen baja durante el periodo de estado de alarma, recibirán la reintegración de sus aportaciones hasta que transcurran 6 meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

3.DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

– Si durante el estado de alarma transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

– Si antes o durante del estado de alarma, concurre causa de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria de junta de socios que ha de adoptar el acuerdo de disolución, queda suspendido.

– Si la causa de disolución hubiere acaecido durante el estado de alarma, el órgano de administración no responderá de las deudas acaecidas durante ese periodo.

4.CUENTAS ANUALES:

Queda suspendido el plazo para la formulación de cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, así como el informe de gestión y cuantos otros documentos sean obligatorios. El plazo se reanudará por tres meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

– Para las sociedades obligadas a verificación de sus cuentas por un auditor y, en caso de que ya hubieren formulado sus cuentas anuales, el plazo para la verificación se prorrogará por dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

5.SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS:

– La publicación y remisión del informe financiero anual a la CNMV y el informe de auditoría de sus cuentas anuales, podrá cumplirse hasta 6 meses después del ejercicio social. Dicho plazo se extenderá a 4 meses más para la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral.

– La junta general ordinaria de accionistas podrá celebrarse dentro de los 10 primeros meses del ejercicio social. o Aunque no esté previsto en los estatutos sociales, las convocatorias de juntas podrán prever la celebración por medios telemáticos y el voto a distancia, así como la celebración en cualquier lugar del territorio nacional. Si la convocatoria ya se hubiere publicado a fecha 18 de marzo de 2020, se podrá prever cualquiera de estos supuestos mediante un anuncio complementario que habrá de publicarse al menos 5 días naturales antes de la fecha prevista para la celebración.

– Si la junta se hubiese constituido pero no pudiera desarrollarse como consecuencia de las medidas impuestas por las autoridades, podrá acordarse por ésta continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de la misma provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes.

– Si la junta no pudiere celebrarse y la vía telemática no fuese posible, la celebración de la misma en ulterior convocatoria podrá ser anunciada con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la junta no celebrada, con al menos 5 días de antelación a la fecha fijada para la reunión.

– Aunque no esté previsto en los estatutos sociales, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio complementario la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, siempre que se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. En estos casos deberán existir las garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. La junta se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.

– Aunque no esté previsto en los estatutos sociales, serán válidos los acuerdos del consejo de administración y los acuerdos de la Comisión de Auditoría cuando sean adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple. El Secretario deberá reconocer su identidad, lo cual deberá expresarse en el acta y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.

6.CONCURSOS DE ACREEDORES:

– Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Tampoco tendrá este deber el deudor que hubiere iniciado negociaciones con sus acreedores para llegar a un acuerdo extrajudicial (artículo 5 bis de la Ley Concursal) y haya vencido el plazo.

– Los jueces no admitirán solicitudes de concurso necesario que se presenten durante el estado de alarma o durante los dos meses posteriores a su finalización. En caso de presentación de concurso voluntario, los jueces lo admitirán a trámite con preferencia sobre la solicitud de concurso necesario, aun cuando sea de fecha posterior.

7.ASIENTOS DEL REGISTRO:

– Durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, queda suspendido el plazo de caducidad de los asientos de presentación, anotaciones preventivas, notas marginales y cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.

– El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente al de la finalización del estado de alarma o sus prórrogas. Entendemos que este conjunto de medidas son de vital importancia, atendiendo que durante el mes de marzo es el periodo en que la mayoría de sociedades deben formular sus cuentas anuales para, posteriormente, ser sometidas a la aprobación de la junta general. El hecho de suspender temporalmente estos plazos aliviará, pensamos, a las empresas, que actualmente se están enfrentando a otros problemas económicos derivados del estado de alarma.

8.SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE LIBERALIZACIÓN DE DETERMINADAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN ESPAÑA.

Queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España, que se realicen en los sectores que se citan a continuación y que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública:

  • Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras, entendiendo por tales, las contempladas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. o Tecnologías críticas y productos de doble uso tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) número 428/2009 del Consejo, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.

 

  • Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, entendiendo por tales los que son objeto de regulación en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, o los referidos a materias primas, así como a la seguridad alimentaria. o Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Asimismo, queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España en los siguientes supuestos:

  • Si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país.

Permiso retribuido recuperable obligatorio

¿A QUIÉNES SE APLICA Y QUIÉNES QUEDAN EXCEPTUADOS? (ARTS. 1, 4 Y 5 Y ANEXO RDL)

Se aplica todas aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada por la declaración del estado de alarma.

Quedan exceptuadas las personas trabajadoras:

  • Que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo del RDL
  • Que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el anexo del RDL
  • Contratadas por (1) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un ERTE de suspensión y (2) aquellas a las que les sea autorizado un ERTE de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este RDL.
  • Que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
  • Que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

Deberá tenerse en cuenta que las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable, en caso de ser necesario, podrán establecer el «número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles» con el fin de mantener la «actividad indispensable»Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

Adviértase que el Ministro de Sanidad podrá, mediante las órdenes necesarias, modificar o especificar tanto las actividades que se ven afectadas por este permiso retribuido recuperable como sus efectos.

¿EN QUÉ CONSISTE LA MEDIDA? (ART. 2 RDL)

En disfrutar de un permiso que reúne tres características:

  • Es obligatorio: se «disfrutará» entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.
  • Es retribuido: se percibirá la retribuciónque hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinarioincluyendo salario base y complementos salariales.
  • Es recuperable.

¿CÓMO SE RECUPERARÁN LAS HORAS DE TRABAJO? (ART. 3 RDL)

Conectando con la tercera característica de la media, su carácter recuperable, el RDL:

  1. Fija el marco temporal en que deberá llevarse a cabo:desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.
  2. Obliga a sunegociación y concreta su alcance a:
  • la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo del permiso regulado;
  • el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, y
  • el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.
  1. Establece el procedimiento a seguir:
  1. a) Determina que la comisión representativacuando no exista representación legalde las personas trabajadoras estará integrada por:
  • Los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación, y conformada por 1 persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes.
  • En su defecto, por 3 trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
  1. b) Fija el plazopara su constitución, en cualquiera de los supuestos anteriores, en5 días improrrogables.
  2. c) Establece que la duración del periodo de consultas seráde 7 díascomo máximo.
  • Determinado respecto a la negociación que:
  1. a) se observará el principio general que inspira toda negociación: labuena fe,con vistas a la consecución de un acuerdo;
  2. b) el quorumpara alcanzar el acuerdoserá la mayoría, bien de las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras, bien de los miembros de la comisión representativa y siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los afectados por el permiso extraordinario.
  3. c) cabrá la posibilidadde que las partes acuerden, en cualquier momento, la sustitución del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o arbitrajeprevistos en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico ( 83 del ET).
  • Contemplando un doble escenario tras la negociación en el periodo de consultas:
  1. a) Que se haya llegado a un acuerdo.
  2. b)Que no se haya alcanzado un acuerdo.

En estos casos, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de 7 días desde el fin del periodo de consultas, la decisión –unilateral– que tome sobre cómo se llevará a cabo la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del permiso obligatorio y que deberá respetar:

  • el cumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y el convenio colectivo;
  • la duración de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación;
  • los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente; y
  • el establecimiento de un plazo de preaviso de 5 días como mínimo.

REGULACIÓN DE SITUACIONES TRANSITORIAS (DISPS. TRANS. PRIMERA Y SEGUNDA)

  • ¿QUÉ SUCEDE CON LAS EMPRESAS QUE NO HAN PODIDO ORGANIZARSE PARA PONER EN PRÁCTICA INMEDIATAMENTE ESTA MEDIDA?

La disposición transitoria primera del RDL establece que para los casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras afectadas por este RDL podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

  • ¿QUÉ SUCEDE CON LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL ÁMBITO DEL TRANSPORTE QUE, QUEDANDO DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA, ESTÉN REALIZANDO EL 30 DE MARZO DE 2020 UN SERVICIO?

Estas iniciarán el permiso retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en cursoincluyendo como parte de este, en su caso, la operación de retorno correspondiente. 

SERVICIOS ESENCIALES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (DISP. ADIC. TERCERA)

Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el RD 463/2020, y, de esta manera, cumplirán con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el RDL 10/2020.

Asimismo, continuarán prestando servicios el personal de Administración de Justicia que sea necesario para la prestación de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las Instrucciones del Ministerio de Justicia.

 EMPLEADOS PÚBLICOS Y PERSONAL CON LEGISLACIÓN ESPECÍFICA PROPIA (DISPS. ADICS. PRIMERA Y SEGUDA)

Por lo que se refiere a los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, se habilita al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y a los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular su prestación de servicios de cara a mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren esenciales.

Por su parte, respecto al personal sometido a legislación específica (art. 4 EBEE), esto es:

  • Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas;
  • personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas;
  • Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia;
  • personal militar de las Fuerzas Armadas;
  • personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad;
  • personal retribuido por arancel;
  • personal del Centro Nacional de Inteligencia; y
  • personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito,

se dictarán, por las autoridades y órganos competentes en cada caso, las instrucciones y resoluciones necesarias para determinar el régimen jurídico aplicable tanto en lo que se refiere al carácter esencial de sus servicios como a la organización concreta de los mismos.

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (DISPS. ADICS. CUARTA Y QUINTA)

Para terminar se establece, por un lado, que podrán continuar desarrollándose las actividades no incluidas en el anexo del RD que hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (tramitación de emergencia).

Por otra parte, se señala que el permiso retribuido recuperable no se aplicará a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del RDL 8/2020.

CERTIFICADO MOVILIDAD

Para facilitar a todo el mundo que la acreditación de movilidad se hace por una de las causas autorizadas, Protección Civil ha editado un modelo de certificado autoresponsable de desplazamiento en el marco del estado de alarma. La medida entra en vigor este lunes a las 00:00h.

Os recomendamos que los trabajadores que se tienen que desplazar al puesto de trabajo, también deben llevar el certificado acreditativo de movilidad.

Así funcionará la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona

A partir del 1 de enero de 2020 entrará en vigor la zona de bajas emisiones permanente todos los días laborables, de 7.00 a 20.00 horas

Coincidiendo con la Declaración de la emergencia climática en la ciudad, el 1 de enero de 2020 se pondrá en marcha la zona de bajas emisiones permanente, con el objetivo de reducir los contaminantes, NO2 y PM10, y mejorar la calidad del aire de Barcelona.

El Ayuntamiento de Barcelona sancionará los vehículos que sin etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) circulen por la zona de bajas emisiones permanente, un área de 95 kilómetros cuadrados entre las rondas de Dalt y del Litoral que incluye Barcelona y cinco municipios circundantes.

Afectará a todos los vehículos de las categorías L, M y N —motos, turismos, furgonetas, autobuses, autocares y camiones— que quieran circular por la zona de bajas emisiones tendrán que tener el distintivo ambiental de la DGT que certifica que el vehículo es apto para circular.

No es obligatorio que los vehículos lleven el distintivo pegado, pero esto facilita la tarea de control de la Guardia Urbana.

 

Declaraciones informativas 2018. Resumen IVA 2018

La Agencia Tributaria ha publicado novedades en relación al modelo 390 del ejercicio 2018. En particular se introducen las siguientes medidas:

1. Des del punto de vista subjetivo de la obligación de presentación de la declaración resumen anual de IVA:

– Se establece que la realización de actividades para las cuales no exista obligación de presentar autoliquidaciones periodicas no afectará a la exoneración de presentar el modelo 390.

2. Se aprueba un nuevo modelo 390 con los siguientes cambios:

– Habiendo transcurrido más de cuatro años des de la última modificación de tipos impositivos, en el desglose del IVA deducible, se eliminan los tipos no vigentes y se crean las casillas 660 y 661 a las cuales de incluirán, si es necesario, las bases y las cuotas deducibles, en virtud de resolución administrativa o sentencias fermas con tipos no vigentes.

– En el apartado de resultado de las liquidaciones se crea la casilla 662 para consignar las cuotas pendientes de compensación al término del ejercicio.

– En el detalle del volumen de operaciones se incluyen expresamente las entregas no habituales en la casilla 106.

Tributación de las Subvenciones y Ayudas. IRPF

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Tributación de las Subvenciones y Ayudas. IRPF

No realiza actividades económicas

Las subvenciones y ayudas recibidas por personas que no realizan actividades económicas tienen la consideración de «Ganancias Patrimoniales«, por lo que están sujetas y no exentas en el IRPF.

Realiza actividades económicas

La que reciben las personas que realizan actividades económicas, pueden tener la consideración de un rendimiento de la actividad de ganancia patrimonial según el destino de la subvención o ayuda.

Tipos:

  • Adquisición de vivienda
  • Incentivo de Vehículo Eficiente (PIVE)
  • Becas para compensar gastos escolares
  • Ayudas a determinadas mejoras en la vivienda (eficiencia energética, accesibilidad, etc)
  • Para determinados gastos relacionados con la protección de la salud.

Cada una de estas subvenciones pueden tener un tratamiento diferente en el IRPF. Se debe comprobar si deben o no declararse. Conviene, en primer lugar, consultar de acuerdo de concesión de la ayuda que, si esta exenta, recogerá esa circunstancia.

Si no se tiene acceso al acuerdo de concesión se puede consultar el régimen tributario de la ayuda recibida en el servicio de Información de renta (901 33 55 33) de 9 a 19h.

Si no se declaran y debería de haberse hecho, pueden tener sanciones y recargos e intereses de demora.

Ante cualquier duda consulte con Gestoría Guasch, su gestor de confianza en el 93 393 97 18.

Tributación de las Subvenciones y Ayudas. IRPF

 

Las etiquetas ambientales de la DGT

Etiquetas DGT

La DGT clasifica el parque de vehículos en función de su potencial contaminante

Como comentábamos en un post anterior el Ayuntamiento de Barcelona implementará unas medidas restrictivas a los vehículos más contaminantes (los que no tienen etiqueta medioambiental) a partir del 1 de diciembre de 2017.

Etiquetas ambientales de la DGT

La clasificación del parque automovilístico tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos menos contaminantes y servir de instrumento en las políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente.

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Restricciones a los vehículos más contaminantes en Barcelona

Restricciones a los vehículos mas contaminantes en Barcelona

A finales de este año comenzarán a implantarse las primeras medidas restrictivas para reducir la contaminación en la ciudad de Barcelona.

A partir del 1 de diciembre del 2017, y durante los episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) decretados por la Generalitat, se restringirá temporalmente la circulación a los coches y furgonetas mas contaminantes.

Restricciones a los vehículos mas contaminantes en Barcelona

En Barcelona ciudad en el espacio situado entre la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral (Zona de baixes emissions Intrarondes). En el caso de los municipios del área formada por los 40 municipios de protección especial (Zona de baixes emissions Àmbit40), la restricción afectara a la circulación en las vías de las que es titular el Servei Català de Trànsit.

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