Circular sobre las medidas adicionales aprobadas por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Tras la declaración del Estado de Alarma, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno ha aprobado el primer paquete de medidas tendentes a asegurar y proteger diversos aspectos de la economía española.

Se trata de un Real Decreto que tiene por objeto abarcar las consecuencias directas del coronavirus y que expone las inversiones destinadas a paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Este Real Decreto entró en vigor el 18 de marzo de 2020 y continuará vigente hasta el 18 de abril de 2020, sin perjuicio de que previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración.

GESTORIA GUASCH, SLP., describe los aspectos más relevantes del nuevo Real Decreto, remarcando, de nuevo, que este documento contiene información sobre un asunto excepcional, por lo que quedará sujeto a los futuros acuerdos y modificaciones que se vayan sucediendo para hacer frente a esta crisis.

Se detallan a continuación aquellas medidas decretadas por el Gobierno.

I. MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES, FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES.

  1. Promoción y financiación de servicios sociales de las Administraciones

El Gobierno ha autorizado el uso del Fondo de Contingencia, en virtud de la propia normativa de esta partida presupuestaria. En este sentido, el suplemento de crédito servirá para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o Corporaciones Locales, consecuencia directa de las situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19.

Por otro lado, se crea un Fondo Social Extraordinario, el cual se distribuirá entre todas las Comunidades Autónomas.

En relación al superávit presupuestario de los Entes Locales correspondiente al año 2019, se podrá destinar a financiar los gastos de inversión correspondientes a los “Servicios Sociales y promoción social”, sujetándose a las restricciones legales y siendo objeto de seguimiento por el órgano competente del Ministerio de Hacienda.

2. Moratoria hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual

La moratoria hipotecaria, únicamente para la adquisición de vivienda habitual, se articula alrededor de la situación de vulnerabilidad económica, un elemento que debe apreciarse en aquellos que quieran beneficiarse de tal medida, incluidos los deudores, fiadores y avalistas del deudor principal. En este sentido, los artículos 9 y 11 del Real Decreto establecen aquellos supuestos que expresarían la vulnerabilidad, además de la acreditación de las condiciones subjetivas. Las situaciones de vulnerabilidad son las siguientes:  

  • Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo, acreditado mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones. En caso de cese de actividad por trabajadores por cuenta propia deberán acreditarlo mediante el certificado expedido por la AEAT, o el correspondiente órgano de la Comunidad Autónoma, en base a la declaración por cese de actividad presentada.
  • Que el deudor, empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos, o una caída sustancial de sus ventas (al menos del 40%).
  • Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere, en relación con el mes anterior, el límite de tres veces el Indicador Púbico de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En este sentido, se establecen medidas correctoras del límite en relación con los hijos, mayores de 65 años o discapacitados integrantes de la unidad familiar o a cargo de esta.
  • Que la cuota hipotecaria, junto con los gastos y suministros básicos, sea superior al 35% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar.
  • Que la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria que represente sobre la renta familiar se haya multiplicado por, al menos 1,3.

Además, debe adjuntarse la documentación acreditativa del número de personas que habitan la vivienda, grados de discapacidad, en su caso, y titularidad de los bienes. Por último, debe presentarse una declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

En cuanto a los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores enmarcados en los supuestos de vulnerabilidad, estos podrán exigir que la entidad, antes de reclamarles la deuda garantizada, agote el patrimonio del deudor principal. En este sentido, podrán solicitarlo aunque hubieran renunciado expresamente en el contrato al beneficio de excusión.

La tramitación de la moratoria se iniciará con una solicitud al acreedor, la cual podrá realizarse desde el día siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto hasta quince días después del fin de su vigencia. Una vez solicitada, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días, comunicando al Banco de España su existencia y duración. La concesión de la moratoria implica la suspensión de la deuda hipotecaria (cuota, amortización de capital o pago de intereses) durante el plazo estipulado, la inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado, y el no devengo de intereses, incluyendo los moratorios.

Finalmente, el Real Decreto establece un régimen de responsabilidad por daños y perjuicios para aquellos que se hayan beneficiado de la moratoria sin reunir los requisitos, o aquellos que busquen deliberadamente situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad.

3.Garantías en la prestación y mantenimiento de suministros y servicios

Los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender los suministros a los consumidores con condición vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social según el Real Decreto 897/2017. Además, se prorroga el bono social de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020.

Por otro lado, se suspenden determinados artículos relativos a los sistemas de actualización de precios regulados, estando vigentes los precios máximos establecidos en las Resoluciones de 14 de enero de 2020 y 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El Gobierno garantiza que las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas y telecomunicaciones mantendrán la prestación de sus servicios contratados, no pudiendo suspenderlos ni interrumpirlos, salvo motivos de integridad y seguridad. Por otro lado, se prohíbe a estos proveedores que realicen campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios que requieran la portabilidad de la numeración, puesto que podría incrementarse la necesidad de los clientes de desplazarse físicamente a sus establecimientos, o la intervención física en los domicilios por sus empleados. En el mismo sentido, se suspenden todas las operaciones de portabilidad que no estén en curso, salvo fuerza mayor.

4. Interrupción del plazo para devolver productos comprados presencialmente u on-line. Se suspenden los plazos de devolución de las compras hasta la pérdida de vigencia del Real Decreto.

5.Otras disposiciones. Se prorroga durante un año la vigencia del Documento Nacional de Identidad.

II.MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y DE LIQUIDEZ PARA LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LOS TRABAJADORES.

En el ámbito laboral, el Real Decreto-ley 8/2020 adopta en su Capítulo I, medidas de apoyo a los trabajadores y en su Capítulo III medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. A continuación se informa de las principales medidas de carácter laboral aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020.

  1. Trabajo a distancia.

El Real Decreto-ley apuesta por el trabajo a distancia y anuncia en su exposición de motivos que se pondrá en marcha un programa de financiación del material correspondiente mediante la activación de ayudas y créditos para PYMEs dentro del programa ACELERA PYME de la empresa pública RED.ES.

En concreto, en su artículo 5 se establece el carácter preferente del trabajo a distancia, instando a las empresas a establecer sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Además, para facilitar el trabajo a distancia, con carácter excepcional, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

Lo que dispone el artículo al respecto es que la empresa debe adoptar estas medidas en los casos en los que sea técnica y razonablemente posible y el esfuerzo de adaptación no resulte desproporcionado.

No obstante, no debemos de olvidar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, con su correspondiente régimen sancionador.

Se trata de una situación extraordinaria, sin que actualmente sea posible prever en qué casos podría ser de aplicación el régimen sancionador de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que se trata de una situación sin precedentes.

2.Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

En el artículo se aclara que se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales en los siguientes casos:

  • Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de un miembro familiar que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19.
  • Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.
  • Cuando la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable, citándose como ejemplos en el nuevo Real Decreto-ley los siguientes supuestos: Cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo (por ejemplo la prestación de trabajo a distancia).

Igualmente, las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6 ET (por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad), cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional de su salario.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario.

3. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Se agiliza la suspensión de contratos y reducción de jornada tanto por causa de fuerza mayor como por causa económica, técnica, organizativa y de producción.

4.Suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor: Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

El Real Decreto-Ley 8/2020 contempla las siguientes circunstancias:

– Cierre temporal de locales de afluencia pública,

– Restricciones en el transporte público y de la movilidad de las personas y/o las mercancías, – Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. 

– Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria. La fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

Con el fin de agilizar estos procedimientos se decretan las siguientes particularidades para el procedimiento de suspensión o reducción de jornada por fuerza mayor:

– El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, al que se acompañará un informe relativo a la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19.

– La empresa tendrá que enviar una comunicación a las personas trabajadoras y a la representación de estas.

– La autoridad laboral dictará en el plazo de cinco días, desde la solicitud, una resolución por la que se constatará la existencia de la fuerza mayor.

– Le corresponde a la empresa la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada.

– Las medidas surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

– En los casos en los que la autoridad laboral lo considere procedente, se emitirá informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá emitirse en el plazo improrrogable de cinco días.

No obstante, de conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2020, no se aplicarán estas especialidades a los expedientes iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 y basados en las causas previstas en el mismo. Esta medida estará vigente mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

5.Suspensión de contratos y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción relacionadas con el COVID-19:

Para los casos que no puedan considerarse de fuerza mayor, el Decreto 8/2020 introduce ciertas particularidades en orden a agilizar la tramitación de estos otros procedimientos, cuando sean relacionados con el COVID-19. Estas particularidades serían:

  • Modificaciones en la comisión representativa para la negociación del periodo de consultas, que deberá estar constituida en el plazo de 5 días.
  • La reducción del período de consultas a un máximo de 7 días. o La reducción del período de emisión del informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a un máximo de 7 días. Las particularidades introducidas a este procedimiento estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

 

6. Medidas extraordinarias en materia de cotización.

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada, autorizados en base a fuerza mayor temporal, la Tesorería General de la Seguridad Social aplicará las siguientes medidas de exoneración y reducción en materia de cotización:

  • En los casos en los que la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, se exonera a la empresa, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado: (i) del abono de la aportación empresarial; (ii) y del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
  • Cuando la empresa tuviera, a 29 de febrero de 2020, 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. Esta medida estará vigente mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

Esta medida se aplicará a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19, todo ello, de conformidad con la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2020.

7.Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a a la prórroga del subsidio por desempleo.

 En los supuestos de suspensión de contratos o de reducción temporal de la jornada de trabajo, con base en las circunstancias extraordinarias anteriormente expuestas, se adoptan las siguientes medidas:

 Se reconocerá el derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque el trabajador carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

  • No se computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Esta medida se aplicará a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19. H. Salvaguarda de empleo.

En la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, se dispone que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

III. MEDIDAS DE GARANTÍA DE LIQUIDEZ PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTE LAS DIFICULTADES TRANSITORIAS CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN.

Las medidas adoptas por el Real Decreto-ley 8/2020 con el fin de afrontar los problemas de liquidez y asegurar la continuidad de la actividad económica de las empresas y autónomos, especialmente afectados por la crisis ocasionada por el COVID-19, son las siguientes:

–  Se aprueba una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos.

– A tal efecto, el Gobierno otorgará avales, por un importe máximo de 100.000 millones de euros, a la financiación concedida por entidades y establecimientos financieros de crédito a empresas y autónomos para atender a sus necesidades de liquidez.

– Las condiciones, requisitos y plazo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros. o Se amplía el límite de endeudamiento neto para el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 10.000 millones de euros en la Ley de Presupuestos del Estado, para facilitar liquidez adicional a las empresas y autónomos a través de las Líneas ICO de financiación ya existentes.

– Con el fin de reforzar la liquidez de las empresas exportadoras, se aprueba una Línea extraordinaria de cobertura aseguradora con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de Internacionalización de hasta 2.000 millones de euros, y durante un plazo de 6 meses, en las que concurran las siguientes circunstancias:

▪ Que sean empresas en las que durante el último ejercicio social el negocio internacional, haya representado al menos un tercio (33 %) de su cifra de negocios, o

▪ Empresas que hayan exportado regularmente durante los últimos cuatro años conforme a los criterios establecidos por la Secretaría de Estado de Comercio. Quedan expresamente excluidas de esta medida: (i) las empresas cotizadas, (ii) las sociedades en situación concursal o pre-concursal, (iii) las empresas con incidencias de impago con empresas del Sector Público o Administración registradas con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

IV.MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Con el fin de evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las CCAA o la Administración local para combatirlo puedan dar lugar a la resolución de contratos del sector público vigentes a la entrada en vigor del Real-Decreto Ley 8/2020, se prevé un régimen específico de suspensión de estos, así como la aplicación de determinadas medidas.

Cabe indicar que la aplicación de las medidas que seguidamente se detallan, quedaran en todo caso condicionadas a su aprobación por parte del órgano de contratación siempre que aprecie la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación creada por el COVID-19.

  1. Contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva.

Con relación a los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, se acuerda la suspensión automática de estos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A tal efecto, el contratista deberá presentar ante el órgano de contratación una petición de suspensión exponiendo: las razones que impiden la ejecución del contrato; el personal, maquinaria e instalaciones adscritos al contrato, así como la justificación de no poder destinar tales medios a otro contrato.

Además, el Real Decreto-ley 8/2020 prevé que el contratista podrá ser indemnizado por parte de la entidad adjudicadora por los daños y perjuicios sufridos durante el período de suspensión de la contrata, sobre: (i) Los gastos salariales abonados al personal adscrito al contrato a fecha 14 de marzo de 2020 (ii) Los gastos incurridos por mantenimiento de la garantía definitiva (iii) Las gastos de alquileres o costes de mantenimiento de instalaciones afectos a la contrata (iv) Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vigentes en el momento de la suspensión.

Por último, los referidos contratos públicos podrán ser prorrogados cuando a la fecha de su vencimiento no se hubiera formalizado el nuevo contrato como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación a raíz de las medidas implantadas por el COVID-19.

2.Contratos públicos de servicios y de suministro diferentes a los previstos en el apartado anterior.

Con respecto a los contratos públicos de servicios y de suministro diferentes a los previstos en el apartado anterior, el Real Decreto-ley 8/2020, establece que el órgano de contratación podrá otorgar al contratista que se demore en el cumplimento de sus obligaciones como consecuencia del COVID-19, una ampliación de dichos plazos.

3. Contratos públicos de obras.

En los contratos públicos de obras, el contratista podrá igualmente solicitar al órgano de contratación la suspensión del contrato siguiendo el mismo criterio y procedimiento previsto para los contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva explicado supra. Sin embargo, a efectos de reconocer el derecho a indemnización a favor del contratista en los contratos de obra, el Real Decreto-ley 8/2020 exige además a estos estar al corriente del cumplimiento las obligaciones laborales y sociales, de pago a subcontratistas y suministradores a fecha 14 de marzo de 2020.

4.Contratos públicos de concesión de obras y servicios.

En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios, se reconoce el derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

5.Exclusión. El Real Decreto-ley 8/2020, excluye del ámbito de aplicación de las referidas medidas, los siguientes contratos públicos: a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos. c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte. d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

V. MEDIDAS FINANCIERAS DIRIGIDAS A LOS TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS QUE HAYAN SUSCRITO PRÉSTAMOS COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE SEQUÍA DE 2017.

En relación, el Real Decreto-ley 8/2020 facilita a los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017 (ex. órdenes AAA/778/2016, de 19 de mayo (convocatoria de 2017), Orden APM/728/2017, de 31 de julio y Orden APM/358/2018, de 2 de abril), que voluntariamente puedan acordar junto con las entidades financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos.

VI.MEDIDAS TRIBUTARIAS

  1. Atribución de competencias para el despacho aduanero El titular del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT podrá acordar que el procedimiento de declaración y el despacho aduanero que aquel incluye sea realizado por cualquier órgano o funcionario del Área de Aduanas e Impuestos Especiales.
  2. Suspensión de plazos en el ámbito tributario: Se acuerdan las siguientes medidas de suspensión en el ámbito tributario:

– Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de los siguientes plazos en el ámbito tributario:

▪ Plazos para el pago en periodo voluntario y en periodo ejecutivo resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración.

▪ Vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedido.

▪ Plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicaciones de bienes.

▪ Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria.

▪ Plazos para formular alegaciones ante los actos de apertura de los trámites anteriores o de audiencia, dictados en el marco de procedimientos de aplicación de los tributos, procedimientos sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación que no hayan concluido a fecha de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, es decir, que no hayan concluido a fecha 18 de marzo de 2020.

▪ Asimismo, en el seno del procedimiento de apremio no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley hasta el día 30 de abril de 2020.

  • Ampliación hasta el 20 de mayo de 2020 de los plazos anteriormente descritos, en relación con aquellos procedimientos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor. 1 Dichos plazos se encuentran regulados en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria.
  • De atenderse el requerimiento o solicitud de información con transcendencia tributaria o de presentarse alegaciones durante la vigencia de dichas medidas sin hacer expresa reserva del derecho a la ampliación de dichos plazos, se considerará evacuado el trámite.
  • Lo anteriormente expuesto se entenderá sin perjuicio de las especialidades previstas en la normativa aduanera en materia de plazos para formular alegaciones y atender requerimientos. o Duración máxima del procedimiento: El periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley) y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT.

No obstante lo anterior, la Administración podrá impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles durante dicho periodo de tiempo. o Prescripción o caducidad: El periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de prescripción o caducidad.

  • A efectos del cómputo del plazo de prescripción en el recurso de reposición y procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que pongan fin a los mismos cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril del mismo año. Los plazos para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta el 30 de abril de 2020 o hasta que se haya producido su notificación, si esta fuera posterior.
  • 3.Suspensión de plazos en el ámbito catastral:

Se acuerdan las siguientes medidas de suspensión en el ámbito catastral: o Ampliación hasta el 30 de abril de 2020 de los plazos para atender requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.

  • Ampliación hasta el 20 de mayo de 2020 de los plazos anteriormente descritos, en relación con aquellos procedimientos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor. o De atenderse el requerimiento o solicitud de información con transcendencia tributaria o de presentarse alegaciones durante la vigencia de dichas medidas sin hacer expresa reserva del derecho a la ampliación de dichos plazos, se considerará evacuado el trámite.
  • El periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de duración de los procedimientos iniciados de oficio. Lo dispuesto en los apartados B y C será de aplicación a procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 18 de marzo de 2020.
  • 4.Excepción ITPAJD para novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios

Se exceptúan del pago de la cuota gradual de los documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID.19.

5.Plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones:

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto que declara el estado de alarma no serán de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

VII. MEDIDAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN DEL COVID-19

El Real Decreto-ley 8/2020 adopta en su Capítulo IV, medidas de laborales excepcionales y de apoyo financiero para las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

  1. Medidas laborales excepcionales en el ámbito de las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando hayan de desarrollar medidas excepcionales en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, podrán establecer jornadas laborales extraordinarias para sus trabajadores, que se compensarán económicamente a través del complemento de productividad o gratificaciones extraordinarias.

Se autoriza a dichas entidades a realizar contratos indefinidos y temporales de acuerdo con la normativa vigente para la ejecución de planes y programas públicos de investigación científica y técnica o de innovación relacionados con el coronavirus COVID-19, debiendo los contratos indefinidos ser financiados mediante consignaciones presupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista.

Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación en relación con la investigación científica en el ámbito del Coronavirus COVID-19. Se autoriza la concesión de tres créditos extraordinarios al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para:

– Necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus COVID-19, por importe de 950.000 euros. o Subvenciones de concesión directa para proyectos y programas de investigación del coronavirus COVID-19, por importe de 24.000.000 de euros.

– Necesidades excepcionales provocadas por la crisis del coronavirus COVID-19, por importe de 250.000 euros. Se autoriza la concesión de dos créditos extraordinarios al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para:

– Gastos corrientes relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19, por importe de 390.000 euros. o Gastos de capital relacionados con la investigación del coronavirus COVID-19, por importe de 4.060.000 euros. La financiación de créditos extraordinarios se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. Reglas relativas a las aportaciones dinerarias efectuadas por el Instituto de Salud Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la investigación científica y técnica derivada de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.

Queda establecido que Dichas aportaciones quedan excluidas de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se efectuarán por resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III y de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, debiendo motivarse la utilidad pública o el interés social concurrente para la concesión de las correspondientes ayudas.

Dichas ayudas concedidas serán objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Los pagos tendrán carácter de anticipados, con carácter previo a la realización y justificación de la actividad que motive la concesión. Las entidades beneficiarias podrán subcontratar total o parcialmente la actividad a efectos de alcanzar el cumplimiento de los objetivos que motivaron la misma, previa autorización de las entidades concedentes.

Deberán rendir cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto en el plazo máximo de un año desde su concesión, pudiendo ser prorrogado. En caso de que la entidad beneficiaria incurra un uno de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre se deberán reintegrar de las cantidades percibidas. Las entidades concedentes podrán efectuar cuantas labores de comprobación y control financiero resulten precisas para garantizar el adecuado cumplimiento de lo previsto en este artículo.

Las personas titulares de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III y de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas podrán dictar cuantas disposiciones resulten precisas para dar lugar al desarrollo y ejecución.

VIII. OTRAS MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN QUE AFECTAN A LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

Por los artículos 39 a 43 se establecen otras medidas de flexibilización que afectan a las sociedades mercantiles: A. Suscripción convenios con Administraciones Públicas. Para la suscripción de convenios con Administraciones Públicas, se exime de la obligación de aportar la documentación establecida en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los convenios quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la referida ley, por el que se establece la perfección y eficacia de los mismos.

  1. Convocatorias y celebraciones de juntas generales: o Aunque en los estatutos no esté previsto, las asociaciones, sociedades civiles o mercantiles, cooperativas, fundaciones y comisiones, podrán celebrar sus sesiones de órganos de gobierno y administración por videoconferencia, siempre que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido. En estos casos, la sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de la entidad.

– Las asociaciones, sociedades civiles o mercantiles, cooperativas, fundaciones y comisiones, aunque en los estatutos no esté previsto, podrán adoptar sus acuerdos mediante votación por escrito y sin sesión, previa decisión del presidente y siempre que lo soliciten, al menos, dos miembros del órgano. En estos casos, la sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de la entidad. o La junta general que deba aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior, se reunirá dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para su formulación, atendiendo a la suspensión prevista en este real decreto ley.

– Si la celebración de la junta estuviere prevista durante el estado de alarma, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora o revocar el acuerdo de convocatoria. Si la sociedad tuviere página web, deberá hacerlo por esa vía con una antelación mínima de 48 horas. Si la sociedad no la tuviere, deberá publicarse en el BOE. En caso de revocación, el órgano de administración deberá realizar una nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

– En caso de que para la celebración de la junta se hubiera requerido la presencia de un notario, éste podrá utilizar medios telemáticos que garanticen su función.

2.DERECHOS DE LOS SOCIOS: o Los socios no podrán ejercitar su derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma o sus prórrogas, aun cuando concurra causa legal o estatutaria.

– Los socios cooperativos que causen baja durante el periodo de estado de alarma, recibirán la reintegración de sus aportaciones hasta que transcurran 6 meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

3.DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD:

– Si durante el estado de alarma transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

– Si antes o durante del estado de alarma, concurre causa de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria de junta de socios que ha de adoptar el acuerdo de disolución, queda suspendido.

– Si la causa de disolución hubiere acaecido durante el estado de alarma, el órgano de administración no responderá de las deudas acaecidas durante ese periodo.

4.CUENTAS ANUALES:

Queda suspendido el plazo para la formulación de cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, así como el informe de gestión y cuantos otros documentos sean obligatorios. El plazo se reanudará por tres meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

– Para las sociedades obligadas a verificación de sus cuentas por un auditor y, en caso de que ya hubieren formulado sus cuentas anuales, el plazo para la verificación se prorrogará por dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma.

5.SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS:

– La publicación y remisión del informe financiero anual a la CNMV y el informe de auditoría de sus cuentas anuales, podrá cumplirse hasta 6 meses después del ejercicio social. Dicho plazo se extenderá a 4 meses más para la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral.

– La junta general ordinaria de accionistas podrá celebrarse dentro de los 10 primeros meses del ejercicio social. o Aunque no esté previsto en los estatutos sociales, las convocatorias de juntas podrán prever la celebración por medios telemáticos y el voto a distancia, así como la celebración en cualquier lugar del territorio nacional. Si la convocatoria ya se hubiere publicado a fecha 18 de marzo de 2020, se podrá prever cualquiera de estos supuestos mediante un anuncio complementario que habrá de publicarse al menos 5 días naturales antes de la fecha prevista para la celebración.

– Si la junta se hubiese constituido pero no pudiera desarrollarse como consecuencia de las medidas impuestas por las autoridades, podrá acordarse por ésta continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de la misma provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes.

– Si la junta no pudiere celebrarse y la vía telemática no fuese posible, la celebración de la misma en ulterior convocatoria podrá ser anunciada con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la junta no celebrada, con al menos 5 días de antelación a la fecha fijada para la reunión.

– Aunque no esté previsto en los estatutos sociales, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio complementario la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, siempre que se ofrezca la posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática; (ii) representación conferida al Presidente de la Junta por medios de comunicación a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia. En estos casos deberán existir las garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. La junta se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.

– Aunque no esté previsto en los estatutos sociales, serán válidos los acuerdos del consejo de administración y los acuerdos de la Comisión de Auditoría cuando sean adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple. El Secretario deberá reconocer su identidad, lo cual deberá expresarse en el acta y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social.

6.CONCURSOS DE ACREEDORES:

– Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Tampoco tendrá este deber el deudor que hubiere iniciado negociaciones con sus acreedores para llegar a un acuerdo extrajudicial (artículo 5 bis de la Ley Concursal) y haya vencido el plazo.

– Los jueces no admitirán solicitudes de concurso necesario que se presenten durante el estado de alarma o durante los dos meses posteriores a su finalización. En caso de presentación de concurso voluntario, los jueces lo admitirán a trámite con preferencia sobre la solicitud de concurso necesario, aun cuando sea de fecha posterior.

7.ASIENTOS DEL REGISTRO:

– Durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, queda suspendido el plazo de caducidad de los asientos de presentación, anotaciones preventivas, notas marginales y cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.

– El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente al de la finalización del estado de alarma o sus prórrogas. Entendemos que este conjunto de medidas son de vital importancia, atendiendo que durante el mes de marzo es el periodo en que la mayoría de sociedades deben formular sus cuentas anuales para, posteriormente, ser sometidas a la aprobación de la junta general. El hecho de suspender temporalmente estos plazos aliviará, pensamos, a las empresas, que actualmente se están enfrentando a otros problemas económicos derivados del estado de alarma.

8.SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE LIBERALIZACIÓN DE DETERMINADAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN ESPAÑA.

Queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España, que se realicen en los sectores que se citan a continuación y que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública:

  • Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras, entendiendo por tales, las contempladas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. o Tecnologías críticas y productos de doble uso tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) número 428/2009 del Consejo, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.

 

  • Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, entendiendo por tales los que son objeto de regulación en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, o los referidos a materias primas, así como a la seguridad alimentaria. o Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Asimismo, queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España en los siguientes supuestos:

  • Si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país.
Gestoria Guasch

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Tráfico | Estranjería | Asesoría fiscal y contable

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